El pasado 10 de marzo se celebró en el Juzgado de lo Penal 1 de Benidorm el juicio contra el cazador de Benidoleig (Alicante) que dejó morir de hambre a sus perros, en el que estaba personado el Partido Animalista como acusación.

En el mismo, la fiscal solicitó un año de prisión para el acusado, y que se le inhabilitara para el ejercicio de la caza. Por su parte, Daniel Dorado (abogado del Partido Animalista y presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales) solicitó un año de prisión y tres años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales (la pena máxima prevista en el artículo 337 del Código Penal), y solicitó también que el acusado fuera inhabilitado para la tenencia de animales y para la tenencia de armas.

En el juicio, el acusado se negó a responder a las preguntas del abogado de la acusación. Además, modificó la versión de los hechos, hasta el punto de afirmar que envenenó a los animales con un producto agrícola en compañía de un supuesto amigo suyo, el cual no compareció como testigo al juicio. Esto contrasta con las manifestaciones prestadas ante la Guardia Civil, donde el acusado manifestó que llevaba dos meses sin pasar por la finca donde estaban encerrados los perros en una jaula, y, cuando se le preguntó el motivo, respondió que “no valían para la caza”.