Casi dos años después de que la directora de Parque Animal, Carmen Marín, y dos empleados fueran detenidos por la muerte irregular de más de 2.865 animales, el juzgado de instrucción número 5 del municipio ha hecho público el auto por el que da por concluida la fase de investigación inicial y considera que hay indicios para imputar tanto a la responsable del centro como al encargado los presuntos delitos de maltrato animal continuado e intrusismo profesional. Sin embargo, ordena el sobreseimiento provisional y archivo de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa de los que también fueron acusados en un principio otros dos empleados.

El juez considera que de la valoración de las diligencias practicadas hasta el momento se acredita que la directora de Parque Animal “ha realizado sacrificios masivos e injustificados en dicho centro, con la ayuda directa y material de otro trabajador llamado F. B. y que ambos han suministrado medicamentos eutanásicos a los animales en pequeñas dosis produciéndoles sufrimientos innecesarios e injustificables hasta su muerte”.

Asimismo, se hace constar en el auto que la cantidad de animales sacrificados en el plazo de dos años podría ser de más de 2.865 perros y gatos, algo que el juez considera “excesivo”. Para sostener la imputación del delito de maltrato animal, el magistrado señala que existen los indicios que constan en los informes elaborados por la Guardia Civil (que realizaron inspecciones oculares, reportajes fotográficos y análisis de documentación hallada en el lugar) y las declaraciones de los testigos que afirmaron que “pudieron observar a ambos cómo inyectaban el producto descrito a los animales y que los sacrificaban, incluso una vez semanalmente”.

También se considera a ambos autores de un delito de intrusismo profesional debido a que ninguno de los dos tenía testaba autorizado para inyectar Dolethal (medicamento eutanásico supuestamente empleado en dosis inferiores a las recomendadas) y sacrificar a los animales dado que el propio Colegio de Veterinarios de Málaga certificó que carecían de titulación de veterinario.

Sin embargo, el juez estima que sobre el delito de falsedad documental del que la Guardia Civil acusó a la directora del centro y otros dos veterinarios, por presentar presuntamente informes falsos sobre el número de animales que eran sacrificados cada mes para justificar ante el Ayuntamiento las facturas sobre los gastos de incineración, “no existen elementos de prueba suficientes como la imputación de dichos hechos delictivos”. Tampoco en el auto se le imputa a Carmen Marín el delito de denuncia falsa, un hecho que justifica en que “no puede existir un pronunciamiento en el presente procedimiento hasta tanto no recaiga resolución que ponga fin al presente”.

El juez ordena en el auto la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado y da un plazo de tres días a las partes para interponer recurso de reforma y cinco días en el caso de que decidan poner un recurso de apelación.

Asimismo, el diario malagahoy.es informa de que Parque Animal pagó supuestamente en efectivo una factura de 104.382,19 euros a un centro comercial para la reforma y decoración de una clínica de medicina estética ubicada en el mismo municipio, cuyo administrador único y apoderada de la empresa, respectivamente, eran el yerno y la hija de Carmen Marín, responsable de Parque Animal. Este es uno de los gastos “injustificados” que presuntamente se realizaron con los fondos de la asociación sin ánimo de lucro que dirigía Marín y que se desprenden del informe que la Guardia Civil presentó hace dos años al juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, y que ha motivado que el juez autorice que se investigue la posible desviación de dinero obtenido supuestamente de forma ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal.

En ese informe, al que ha tenido malagahoy.es, se detalla que la citada empresa justificó supuestamente el pago de esa elevada cuantía por parte del centro Parque Animal en una carta remitida al centro comercial, en la que reconocía la relación mercantil existente entre ambos, y en la que especificaba que la protectora de animales se haría cargo de parte de la deuda contraida para la reforma de la clínica de medicina estética debido a que ésta última adeudaba a la empresa diversas cantidades de dinero.

Los investigadores concluyeron en sus diligencias que, dados los fines para los que fue constituida Parque Animal, “no estaría justificado en ningún caso la asunción de deudas generadas por una sociedad patrimonial ajena a la misma”. Máxime, continúa el documento, “cuando dicha sociedad se encuentra además controladas por la hija y el yerno de la presidenta de la asociación”. Al parecer, la mercantil Loinsomar S.L. se constituyó el 6 de agosto de 1998, con un capital social de 3.005,06 euros, para la compaventa y alquiler de bienes inmuebles y material didáctico, así como la consulta médica. Sin embargo, en junio de 2009 se produjo una ampliación de capital en dicha empresa de unos 103.500 euros, sin que los investigadores pudieran constatar el origen del mismo. Tras las primeras indagaciones, la Guardia Civil concluyó que la mercantil Loinsomar S.L. parece no ejercer actividad económica que precise disponer de empleados, por lo que señala en sus diligencias remitidas al juez que “se trataría de una sociedad patrimonial al figurar en el Catastro Inmobiliario como titular de un importante número de bienes residenciales”. Concretamente, siete en Estepona y otros seis en Torremolinos.

Con base en los datos recabados durante la investigación, la Guardia Civil, en las diligencias entregadas en el juzgado número 5 de Torremolinos el 22 de diciembre de 2010, señalaba que “parece evidente que parte de los ingresos obtenidos por Parque Animal procedente de las aportaciones de los ciudadanos que acudieron a sus instalaciones o de sus benefactores están siendo utilizados por su presidenta para negocios y operaciones comerciales, a priori susceptibles de ser calificados como irregulares”.

Por este motivo, aparte de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, la presidenta de la protectora de animales podría enfrentarse además a los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y posibles delitos societarios relacionados con su gestión al frente de este organismo sin ánimo de lucro.