junio, 2012

El Centro Legal para la Defensa de los Animales presentó escrito de conclusiones el pasado 26 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el cual solicita la anulación de la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural en la Región de Murcia.

En el citado escrito se exponen los motivos morales, así como de otra índole, por los que la tauromaquia no debería ser declarada Bien de Interés Cultural. Asimismo se pone en conocimiento del Tribunal que la Comunidad Valenciana ha rechazado recientemente declarar las corridas de toros y los correbous como Bien de Interés Cultural, contando para ello con el apoyo de la Universidad de Valencia, quien emitió un completo informe al respecto.

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Hoy se cumple un año del golpe represivo que el movimiento de derechos animales sufrió en el estado español en 2011. El 22 de Junio de 2011,miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entraron en las casas de 12 activistas en distintos puntos del Estado español (Madrid, Asturias, Euskadi y Galicia), en una operación sin precedentes en la que se imputaba a 12 activistas, la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en dos de las organizaciones animalistas más importantes del estado: Igualdad Animal / Animal Equality y Equanimal.

Puedes ver la noticia completa de TVAnimalista que incluye un nuevo vídeo con toda la actualidad del proceso hasta ahora aquí –> http://www.tvanimalista.com/es/2012/06/22/a-doc-un-ano-de-las-detenciones/

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Dos años y tres meses después de que el Consell impulsara la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial a las corridas de toros y los bous al carrer, la Conselleria de Cultura confirmó ayer a Levante-EMV que finalmente ha decidido «archivar el expediente». Este proyecto de otorgar la máxima protección cultural autonómica a los festejos taurinos, iniciado por Francisco Camps para contrarrestar la prohibición de los toros en Cataluña y que había despertado la ilusión de los taurinos y la indignación de los antitaurinos, naufraga ahora porque no ha concitado el apoyo necesario de las cuatro instituciones consultivas a las que el Gobierno valenciano había pedido opinión.

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