El Juzgado de Instrucción número 5 de Zamora ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el imputado contra el precinto de la finca.

En el Auto por el que se desestima el recurso de reforma, el Juzgado manifiesta lo siguiente:

“El presente recurso debe ser rechazado. En relación al carácter necesario del precinto en relación a la investigación es evidente la justificación del mismo para garantizar los fines de ésta. Ya que existen indicios más que claros, al haber sido reconocido por el imputado, de la existencia de varios animales enterrados en dicha finca después de haber sido disparados para darles muerte. Queda por averiguar el número de los mismos y las razones de esa muerte, hecho para lo que se constituye como esencial el acotamiento de la finca y su prohibición de entrada al imputado para evitar la manipulación o alteración de pruebas existentes. Dicho precinto además debe ser realizado en toda la extensión de la finca ya que se desconoce con exactitud el lugar o lugares en pueden haberse producido enterramientos, justificándolo además la actitud del imputado quien ya ha quebrantado al menos en una ocasión el precinto, lo que ha dado lugar por este órgano a la deducción del oportuno testimonio por un posible delito de quebrantamiento de medida judicial. En relación a la atención de los animales, la misma se encuentra garantizada con la asistencia autorizada para su cuidado y alimentación por los miembros de la Asociación personados en la causa [Defensa Animal Zamora], quienes se encargan de estas funciones. Por tanto, siendo notorio el vínculo entre la medida acordada y el resultado de la investigación y estando adoptadas las medidas de protección y cuidado de los animales, se destaca la justificación del precinto acordado que debe mantenerse hasta la práctica de la excavación acordada, rechazando el recurso interpuesto”.

El presente procedimiento se ha abierto tras una denuncia interpuesta por la asociación Defensa Animal Zamora, que está personada en el procedimiento judicial como acusación. Daniel Dorado, presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, es el abogado de la acusación.